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Por su parte, Enrique Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo y quien fue declarado "apátrida" por la dictadura Ortega-Murillo señaló que no solo han sido confiscados sus casas y congelado sus cuentas, sino que en algunos casos han afectado a sus familiares.
"Quienes teníamos una pensión por todos los años trabajados se nos arrebató ese derecho, y quienes no tenían edad de jubilación, se les robaron todas sus cotizaciones", lamentó.
Sáenz valoró que es necesario la aprobación de mecanismos que normen las respuestas ante la represión transnacional porque "ningún país es inmune".