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Rocío Quintero Martínez, abogada colombiana y asesora jurídica de la CIJ, explica los principales hallazgos del informe "Oculto a plena luz del día: el declive de la educación pública en Venezuela". En este se indica que el declive educativo en Venezuela es complejo y de vieja data, por lo que se requieren soluciones estructurales.
En primer lugar, se necesita un reconocimiento de la situación educativa actual por parte de las autoridades venezolanas, particularmente del Ministerio de Educación, ya que actualmente se niega el deterioro. En segundo lugar, se requiere la adopción de medidas que apunten a la existencia en Venezuela de un sistema de educación pública de calidad, impartido por maestros y maestras bien remunerados y preparados, en escuelas bien dotadas y en buen estado.
Otras medidas que debe adoptar el Ministerio de Educación incluyen poner fin al uso de personal docente no cualificado. La escasez de docentes debe ser atendida mejorando las condiciones laborales, incluyendo la aprobación de salarios justos al personal docente y la implementación correcta del sistema de ascensos y de programas de formación continua.
Por otra parte, para evitar replicar los obstáculos creados por la pandemia del COVID-19, se debería diseñar e implementar una política educativa de prevención para garantizar la efectividad del derecho a la educación en escenarios extraordinarios. Esta política debería privilegiar la educación presencial para los niveles de primaria y secundaria y contemplar medidas para que el programa de educación siga funcionando.