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El Ejército mexicano ha acusado al pueblo triqui de sembrar amapola y traficar armas ilegalmente al menos desde 2017. Los triquis señalan a las instituciones de seguridad de usar esta excusa para militarizarlos y acabar con su autonomía como pueblo originario: un derecho a autogobernarse que reclaman desde hace 30 años, con un costo de más de 800 muertos, miles de desplazamientos forzados y enfrentamientos políticos por el control de su territorio en Oaxaca.