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Las penas que recibieron los implicados en la causa por otorgamiento irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas viene siendo motivo de conversación.
El intendente nacionalista Pablo Caram fue condenado por un delito de omisión a los deberes de funcionario público. El jefe comunal llegó a un acuerdo con el fiscal Federico Rodríguez, que le impuso una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, y dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses.
Rodolfo Caram, primo del intendente y ex secretario general de la comuna, fue condenado por el delito de fraude, al igual que su pareja, la funcionaria Stefani Severo. Ambos también llegaron a un acuerdo abreviado, y se les impuso una pena de 24 meses de prisión que se sustituirán por tareas comunitarias. La mujer había sido una de las beneficiarias del pago irregular de horas extras.
La exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos también alcanzó con la fiscalía un acuerdo para un proceso abreviado y aceptó una condena por el delito de “usurpación de funciones”.
La jueza penal Carolina Olivera le impuso a Dos Santos una condena a seis meses de prisión que cumplirá en régimen de libertad a prueba con dos meses de tarea comunitaria.
Las penas generaron discusión en el sistema político. Por ejemplo, el diputado colorado Gustavo Zubía escribió en su cuenta de twitter: “Mientras algunos recuerdan el proyecto del senador colorado Adrián Peña” para que los ingresos a las intendencias sean obligatoriamente por concurso, “otros observamos los efectos devastadores del PROCESO ABREVIADO en causas contra servidores públicos que les permite obtener penas de 0 días de prisión real !!! Eso es el fin (FINAL) de la justicia..!!”, escribió.
Zubía agregó que “el "desastre" de aplicar Proceso Abreviado a funcionarios públicos, como en Artigas lleva a consecuencias impensadas: Procesos de "0" días de reclusión; con daño importante; con enfrentamiento a normas constitucionales; con quiebre del concepto de justicia; con indefiniciones”.
El diputado realizó una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si están de acuerdo en aplicar el proceso abreviado en delitos de corrupción como el de Artigas. El 81% respondió que no. Zubía sostuvo que “el sentido de justicia” se impone y anunció que va a presentar un proyecto de ley para que haya cambios en esta materia.
¿Qué dicen de este planteo de Zubía? ¿Debe aplicarse el proceso abreviado para funcionarios públicos por cuestiones de malgasto de los dineros públicos?
La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Tomás Casaretto, Patricia González y Ana Laura Pérez.
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