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En enero de 2006 Ariel Malvino, un estudiante de abogacía de 23 años, estaba de vacaciones con sus amigos en Brasil y tres rugbiers correntinos lo asesinaron a golpes. Una década y media después, el caso no llegó a juicio y ninguno de los acusados pasó ni un solo día preso.
Eduardo Braun Billinghurst, Horacio Pozo y Carlos Andrés Gallino Yanzi fueron los jóvenes señalados por testigos como los responsables del brutal crimen. Los tres eran amigos y tenían otro común denominador: todos venían de familias de clase media alta, con cargos políticos o estrecha relación con funcionarios de la provincia de Corrientes. Ese fue el motivo por el que las crónicas de la época empezaron a llamarlos “hijos del poder”.
Las dos veces que declararon ante la justicia, los imputados se mantuvieron firmes en su inocencia. Aseguraron no conocer a Malvino ni haberlo golpeado. Después de años de avances y retrocesos al ritmo de la burocracia y con obstáculos, en algunos casos, inentendibles, el último intento de la defensa por esquivar la elevación a juicio oral de la causa fue durante la pandemia. Todos los planteos fueron rechazados, pero el proceso todavía no tiene fecha.
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