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Para celulares, tuberías de cobre o turbinas eólicas se necesitan grandes cantidades de materia prima. Cosas que nosotros, los europeos, usamos sin pensar, se producen en América del Sur en las condiciones más duras. Se trata de un negocio sucio.
Los políticos latinoamericanos aún apuestan por el crecimiento desenfrenado mediante la exportación de materia prima. Una política que se remonta a más de 400 años atrás, a la época colonial. El coste lo pagan las personas afectadas por las consecuencias. Los europeos que se benefician de la materia prima de América del Sur también son en parte responsables.
Cerro de Pasco, en Perú, es considerada una de las ciudades más sucias del mundo, porque está cerca de una gigantesca mina a cielo abierto operada por la compañía suiza Glencore. Aquí se extrae zinc, plata y plomo para el mercado mundial. Quien vive en Cerro de Pasco absorbe metales pesados a través del agua corriente que están muy por encima del umbral que fija la Organización Mundial de la Salud.
A La Rinconada, un nido de buscadores de oro a más de 5.000 metros de altura, le sobrevino la fiebre del oro hace más de diez años. Solo así se explica que la población de este antiguo pueblo andino se haya disparado, ahora son más de 50.000. El oro se exporta por correo principalmente a Suiza. Al su vez, La Rinconada se ha convertido en un basurero, en las afueras de la ciudad se acumulan kilómetros de desechos y suiciedad.
La avidez por la materia prima crece sin mesura y recientemente desencadenó una catástrofe en Brasil. En enero de 2019, se derrumbó un dique minero con lodo residual tóxico en la mina de hierro de Brumadinho. El lodo enterró a más de 250 personas. El organismo certificador alemán TÜV había calificado la presa previamente como segura. Ya en 2015 hubo una desgracia similar, pero no resultó en leyes más estrictas. Entonces, los operadores de la mina ni siquiera pagaron las sanciones impuestas por el tribunal. Y el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa fomentando la desregulación. Antes del desastre, incluso quería dejar los controles de seguridad en manos de los mismos operadores de las minas. En toda América del Sur, la situación apunta a una reducción desmedida de la materia prima, incluso en áreas que anteriormente se consideraban en gran medida sin explotar. Los grupos indígenas se defienden, a menudo, a un alto precio: lo pagan con sus vidas.
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