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El sistema de facturación electrónica en nuestro país ha pasado por diversas fases, iniciadas con el artículo 4 de la Ley 25/2013, que permitía a los proveedores de bienes y servicios a la Administración Pública expedir y enviar facturas electrónicas.
Con la entrada en vigor de la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, más conocida como Ley Crea y Crece, se estableció la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas, junto con un calendario de implementación en espera de la aprobación de un reglamento específico. En diciembre de 2023, se aprobó el Real Decreto 1007/2023, también conocido como Reglamento VeriFactu, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deben cumplir todos los sistemas y programas informáticos de facturación utilizados por empresas y profesionales. Este reglamento tiene como objetivo garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación, evitando interpolaciones, omisiones o alteraciones que no estén debidamente anotadas en los sistemas. Además, regula la información sobre todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios.
El pasado 28 de octubre, se publicó la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, que desarrolla las especificaciones técnicas, funcionales y de contenido.
Estas normativas se aplican en todo el territorio nacional y a contribuyentes de impuestos como el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entre otros.