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El Pleno de la Corte declaró inconstitucionales y por lo tanto, no podrán aplicarse, diversas disposiciones de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Guerrero.
Invalidó que excluyera a los trabajadores de mando y enlace de la posibilidad de solicitar créditos, préstamos y anticipos.
"Distinción normativa contenida no encuentra una justificación razonable, en efecto, la Constitución Federal no distingue por categorías a los trabajadores para que puedan acceder a créditos y préstamos" explicó el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Invalidó que se exceptuara al personal de base de la obligación de reportar a su superior jerárquico dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda.
También invalidó la prohibición a los servidores públicos que se separaran de su cargo para ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o que pertenecieran al sector en el que se hayan desempeñado, durante un plazo fijo de diez años.
Declaró inconstitucionales los Artículos 20, 21, fracciones segunda y tercera del 22, 23 y 24 pues generaban una doble regulación en materia de responsabilidades administrativas.
No alcanzaron los votos para invalidar los Artículos 6, 7 y 8 de esa ley relativos a la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos.
"Nuestro país se caracteriza por un mandato Constitucional claro, construir un sistema de remuneraciones públicas basados en los principios de austeridad, proporcionalidad y responsabilidad, este es un compromiso no sólo legal, sino también ético que exige que quienes servimos al Estado respetemos plenamente el valor simbólico de nuestras percepciones como reflejo del deber republicano de priorizar siempre el bienestar colectivo" argumentó en contra la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
"El poder Constituyente dejó a los Poderes Legislativos la libertad configurativa para diseñar los mecanismos que consideren pertinentes para hacer efectivas las disposiciones constitucionales" expresó a su vez la ministra Lenia Batres Guadarrama.