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La implementación de, lo que se conoce dentro la normativa boliviana como, justicia indígena originaria campesina (JIOC) es una temática de garantía constitucional. Desde el proyecto se motivó a las comunidades y líderes de las 5 comunidades participantes (San Luis Grande, San Luis Chico, Asunción del Quiquibey, Corte y San Bernardo) a conocer y posteriormente implementar este tipo de administración de justicia como alternativa de resolución de conflictos internos y ante amenazas externas.