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Panamá, 28 de junio de 2024
Boris Barrios, exfiscal electoral, expresó duras críticas hacia la política de licencias con sueldo durante su intervención en el programa RadioGrafía, calificándola como una “estafa y fraude” que afecta a todos los panameños. Barrios argumentó que este tipo de beneficios económicos, sustentados en relaciones e influencias políticas, representan un costo injusto para Panamá y deben ser eliminados.
“La licencia con sueldo es una estafa y un fraude para el Estado que nos afecta a todos los panameños”, declaró Barrios. “Es un beneficio económico que pagamos todos los panameños por un privilegio de relaciones políticas y de influencias políticas, por lo que eso debe eliminarse”.
Barrios también comentó sobre la reciente declaración de inconstitucionalidad en relación a este tema, aclarando que aunque la sentencia no incluye la Ley 19 de 1997, que regula a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), los fundamentos utilizados por la Corte podrían igualmente invalidar esta normativa. “El tema de la licencia con sueldo y de la inconstitucionalidad declarada en este tema no incluye a la Ley 19 del 97, que es de la Autoridad del Canal de Panamá y, por lo tanto, está vigente”, explicó Barrios. “Pero la teoría que elaboró y sustentó la Corte declarando la inconstitucionalidad hace que la norma de la ACP se caiga también”.
El exfiscal electoral aprovechó su intervención para señalar la existencia de corrupción y falta de ética en la política actual, advirtiendo sobre la tendencia de algunos políticos a acumular poder y aspirar a múltiples cargos. “Hay corrupción y una inmoralidad política, y la política hoy tiende a la ética, pero cuando nos endiosamos con el poder queremos correr para varios cargos”, criticó.
Barrios concluyó su participación subrayando la necesidad de reformar las prácticas políticas y legales para evitar que privilegios injustos continúen afectando a la población, haciendo un llamado a la eliminación de beneficios que, según él, están basados en influencias y no en méritos.
Esta declaración se produce en medio de un creciente debate sobre la ética en la gestión pública y la necesidad de reformas que promuevan la transparencia y la equidad en las políticas salariales y de beneficios en el sector público panameño.
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