En realidad, los cursos y diplomados de derecho penal y procesal penal deben ser brindados sólo a los estudiantes de derecho, bachilleres de derecho y abogados, toda vez que cualquiera puede capacitarse e inclusive los propios delincuentes, y nadie controla eso, mientras que a los institutos sólo les interesa cobrar y llenarse los bolsillos...