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El instrumento que garantiza que México haga patente su tradición humanitaria de otorgar refugio a personas que huyen de diversos tipos de violencia, amenazas y persecución en su países de origen, sobre todo de Centroamérica, Venezuela y Haití, se encuentra abandonado a su suerte.
Ante la incapacidad de la Secretaría de Gobernación (SG), desde hace casi cuatro semanas la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carece de instalaciones en la Ciudad de México y sus labores están prácticamente detenidas, generando sobre todo que la dependencia no cumpla con su principal objetivo: la atención a las personas solicitantes de protección internacional. Al respecto, se solicitó una posición a la SG, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Diversas fuentes vinculadas a las labores de esta instancia señalaron que ante el fracaso para concretar la mudanza de la sede central, de la colonia Juárez a la Verónica Anzures, ahora el equipo de Luisa María Alcalde, titular de la SG -de la que dependen la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM)-, analiza la posibilidad de llevarla a un punto periférico de la capital cercano a un reclusorio, de difícil acceso, inseguro y sin la infraestructura para la atención requerida.
A ello se suma que desde que llegó la funcionara a la SG, el 19 de junio de 2023, el número de tarjetas de visitante por razones humanitarias (TVRH) que el INM entrega a los solicitantes de refugio y extranjeros víctimas de delitos en México, ha disminuido drásticamente. De llevar una tendencia de más de 10 mil mensuales, entre enero y septiembre de ese año, en los meses siguientes pasó de 6 mil 699 a 888, en abril de 2024.
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