Mujeres víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Abog. Leny Quispe Pautre. (Cátedra Libre).

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El caso de las Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco representa un hito en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en México. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018 fue un paso crucial hacia la reparación de los daños sufridos por las víctimas. Sin embargo, el proceso de implementación de estas reparaciones ha sido lento y problemático, lo que refleja los desafíos persistentes en el sistema judicial mexicano y la resistencia a cambios significativos. A pesar de las reparaciones ordenadas por la CIDH, como compensaciones económicas y medidas de rehabilitación, muchas de las víctimas continúan enfrentando obstáculos para acceder a la justicia y recibir una reparación integral por los daños sufridos. Esto destaca la necesidad de un enfoque más amplio y sistemático para abordar las causas estructurales de la violencia de género y la impunidad en México, incluida una reforma profunda del sistema de justicia y un mayor apoyo a las víctimas. En última instancia, el caso de Atenco subraya la importancia de no solo obtener reparaciones individuales para las víctimas, sino también de abordar las fallas sistémicas que permitieron que ocurriera este tipo de violencia en primer lugar. Solo a través de un compromiso genuino con los derechos humanos y la igualdad de género, junto con medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia, se podrá lograr un cambio significativo y duradero en México.

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En el caso "Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México" se evidencia el abuso cometido por la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, y la policía del Estado de México y la Policía Federal Preventiva, quienes reprimieron violentamente manifestaciones que se llevaron a cabo en esos municipios. Durante el operativo, arrestaron a once mujeres que, al ser trasladadas e ingresadas al CEPRESO, sufrieron toda clase de violencia, incluyendo violencia sexual. Es así que la CIDH declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometido a tortura; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa, y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de las víctimas. De igual modo, la Corte declaró la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas de tortura sexual. Es totalmente reprochable la actuación por parte de estas autoridades policiales, quienes aprovechando su condición de autoridad, hicieron uso indiscriminado y excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Las once mujeres, víctimas del presente caso, se encontraban manifestando de forma pacífica, por lo que el uso de la fuerza en su contra fue innecesario e ilegítimo, más aún si consideramos las agresiones y violaciones que sufrieron. Esto no hace más que perpetuar los prejuicios y estereotipos en contra de la mujer, la cual es considerada como un objeto sexual dentro de una sociedad patriarcal. Las mujeres, al igual que los varones, poseen derechos inherentes a su naturaleza humana y merecen ser respetadas, por lo que todo tipo de vejaciones en su contra deben ser sancionadas. Sobre las reparaciones, considero que la Corte tuvo una decisión acertada al exigir la continuación de investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres. Pues, en definitiva, esta situación no puede ni debe quedar impune. De igual manera, los Estados Unidos Mexicanos deben pagar las correspondientes indemnizaciones y brindar de forma gratuita el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas. Estas once mujeres sufrieron violencia y torturas sexuales, por lo que es necesario que reciban un tratamiento para superar lo sufrido y así no perjudiquen su desarrollo personal e integridad. Finalmente, considero que una de las decisiones más acertadas que tuvo la CIDH y que puede generar un impacto importante en el país, es la creación de un plan de capacitación de oficiales de la policía y el establecimiento de un mecanismo de fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes, de manera que exista un monitoreo sobre las acciones de estas autoridades.

[@sarelasilviachaveztorrejon5932]

Este caso revela una grave violación a los derechos humanos cometida en México, dado que los actos de tortura sexual perpetrados contra las 11 mujeres que participaban en una protesta pacífica en el municipio de San Salvador Atenco en mayo de 2006 dejaron una profunda huella de violencia en las víctimas. Al respecto, es importante resaltar el contexto en el que ocurrieron estos actos de violencia, pues la protesta en Atenco se llevó a cabo en respuesta a la represión policial y la violación de derechos humanos que sufrieron los habitantes de la localidad. Sin embargo, en lugar de garantizar la seguridad y protección de los manifestantes, las fuerzas de seguridad cometieron actos de tortura sexual, lo que resulta inaceptable y muestra una clara violación de los derechos humanos, reforzada por estereotipos de género y conductas machistas que lamentablemente persisten en la sociedad y ponen en alto riesgo a las mujeres, por su condición de tal. En relación a las reparaciones, se establecieron medidas importantes para brindar justicia y reparación a las víctimas, las cuales incluyen la necesidad de una reparación integral, que abarque medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. No obstante, el actuar del Estado en el cumplimiento de estas reparaciones ha sido insuficiente y deficiente, por lo que las víctimas continúan luchando por obtener justicia y reparación adecuada por los graves daños sufridos. Por ello, es fundamental que el Estado mexicano frente a casos como este, asuma su responsabilidad y tome medidas concretas para prevenir estos crímenes atroces. Asimismo, resulta necesario que como Estado aplique políticas para luchar contra la violencia de género y las violaciones a los derechos humanos.