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Una reciente normativa emitida por el gobierno chino sobre la adquisición de computadoras ha llamado ampliamente la atención. Aunque no exige explícitamente el uso de chips domésticos, estipula que los componentes deben pasar pruebas de seguridad y fiabilidad, favoreciendo indirectamente a la industria nacional de chips. En medio de la competencia tecnológica global, especialmente entre China y Estados Unidos, esta medida ha sorprendido a la administración Biden.
El Ministerio de Finanzas de China ha establecido requisitos específicos para el hardware de computadoras y el rendimiento del sistema, enfatizando la necesidad de pruebas en centros de evaluación de seguridad de la información y tecnología secreta. Esta política evita acusaciones de proteccionismo comercial por parte de países occidentales.
La competencia tecnológica global está en aumento. En 2023, EE. UU. impuso restricciones a Nvidia para exportar chips de alta gama a China, lo que llevó a la creación de la GPU GeForce RTX 4090 D, que resultó en un rendimiento inferior. Esto hizo que empresas chinas como Alibaba y Tencent perdieran interés en el chip personalizado, optando por alternativas nacionales como los chips Ascend 910B de Huawei.
Además, el gobierno chino ha ordenado que la adquisición de equipos informáticos y la fabricación de vehículos de nueva energía prioricen los chips domésticos. En marzo, el MIIT instruyó a fabricantes de vehículos eléctricos como BYD y Geely para acelerar la adopción de chips nacionales, con el objetivo de que el 25% de los chips utilizados por los fabricantes de automóviles sean adquiridos localmente para 2025.
China tiene como objetivo construir una cadena de suministro de semiconductores autosuficiente. A pesar de los desafíos en la industria, el apoyo gubernamental y las inversiones están mejorando la competitividad y fomentando la innovación tecnológica. Estas medidas buscan garantizar la seguridad nacional de los datos y reducir la dependencia de la tecnología extranjera, fortaleciendo las capacidades tecnológicas nacionales para contrarrestar las sanciones internacionales.
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