Rodrigo Bustos, Amnistía Internacional: “Las víctimas del estallido social se sienten abandonadas”

Este viernes 18 de octubre se cumplieron cinco años desde el estallido social y organizaciones como Amnistía Internacional mantienen una mirada crítica respecto a lo que se considera una falta de apoyo a las víctimas de dicho periodo y también, en relación a la relectura que se ha buscado instalar del 18O, apuntado al vandalismo y actos delictivos, y dejando de lado el malestar demostrado en las diversas manifestaciones políticas del periodo.
Lo anterior se da en medio de la reciente formalización por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios para los generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas, a quienes se les decretó arraigo nacional y firma quincenal, además de un plazo de investigación de 120 días.
Del relato de este aniversario y de los pendientes en materia de violación a los derechos humanos conversamos en #FrecuenciaPública con Rodrigo Bustos, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
“Los crímenes de lesa humanidad se producen cuando hay un ataque a la población civil. En nuestro caso creemos que hubo un ataque a la población civil a quienes se manifestaban, que puede ser sistemático o generalizado. Entonces, ni siquiera es tan necesario centrarse tanto en esa sistematicidad porque es bastante más fácil de acreditar la generalidad de la violación a los derechos humanos”, comentó Bustos haciendo un análisis a cinco años del estallido social.
En cuanto a los compromisos adquiridos en la campaña del Presidente Gabriel Boric con las víctimas del estallido, el director de Amnistía comentó que “lo que se ha hecho ha sido muy débil. El Presidente planteaba avanzar o reforzar los órganos de la justicia para que las investigaciones fueran lo más oportunas y lo más exhaustivas, y que no recibiéramos como respuesta tanta impunidad como finalmente existió. Eso no se hizo. El programa planteaba una ley de reparación a las víctimas, una política pública que se hiciera cargo de cómo esas personas vieron sus planes de vida truncados por lesiones oculares, porque hubo casos de homicidio o de violencia sexual. Esa política pública no ha llegado hasta el momento. Las víctimas tienen muy poco apoyo por parte del Estado, se sienten muy abandonadas”.
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