En términos generales, la impugnación de un acto administrativo no suspende su ejecución. Por tanto, solo se suspende cuando el administrado solicita la suspensión

Ya no cabe nada más que inicio del procedimiento sancionador conforme se desprende del artículo 178 del COA

Recordemos que las actuaciones previas solo pueden durar 6 meses, porque luego caducan. (Artículo 179 COA)

Cuénteme

Saludos

Son clases de posgrado en la Universidad Nacional de Loja de la maestría en Procesos jurisdiccionales contencioso administrativo y argumentación

Efectivamente, la caducidad debe ser declarada por el juez incluso de oficio. El juez, incluso si la parte no lo invocó, debe analizarlo por control de legalidad. Recordemos que la caducidad es una nulidad absoluta y por tanto debe declararse de oficio. Esto no está a discrecionalidad del juez.

@@fernandoortegacardenas saludos Doctor ! Estos videos refuerzan el aprendizaje sobre el Derecho Administrativo! Sería tan amable de emitir su opinión sobre los artículos 203 y 213 del COA por favor, en un futuro video !

Es claro que el artículo 204 del COA tiene un límite: 2 meses. Por otro lado el 162 es un caso excepcional que de estar probado y documentado en el expediente administrativo. Sin embargo, la caducidad del procedimiento no se suspende por nada incluso los plazos extraordinarios. En consecuencia, si a pesar de esas ampliaciones se supera el plazo de caducidad, esta se configura. De ahí que debe alegarse en proceso judicial administrativo la caducidad

@@fernandoortegacardenas Gracias estimado doctor por compartir sus conocimientos, me quedo muy claro.

No es necesario, aunque podrían hacerlo. El no emitir el informe para iniciar es una tácita desestimación

A parte de la desestimación tácita se podría solicitar la caducidad de las actuaciones previas?

@@edisonortiz6234 por supuesto que se podría pedir la caducidad, si el afectado ya fue notificado con las actuaciones previas

El procedimiento sancionador es administrativo y por ello lo sigue la administración en contra del supuesto infractor. El denunciante no es parte en ese proceso. Por tanto no tiene derecho a presentar pruebas. Solo la administración pública puede pedir prueba, o el administrado. El denunciante podría ser llamado por la administración para que rinda su versión, siendo una prueba más. Saludos

Gracias. Saludos

Lo uno no tiene que ver con lo otro . Son acciones que tienen fundamentos totalmente diferentes.

Muchas gracias sus palabras. Espero que pueda compartir más comentarios. Puede ver mi página de Facebook: Comentarios de Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Allí colocó ciertos artículos para debatir.

Una muy buena reflexión. Sin embargo, me parece que no hay mucho inconveniente en este sentido. El punto habría que verlo desde el punto de vista de la ejecución del acto administrativo. Es decir, si un funcionario ya fue destituido por la CGE, el segundo acto administrativo de destitución producto de un sumario administrativo no tendría la facultad de ejecutoriedad. No veo cuál sería el inconveniente de tener una doble destitución por dos vías diferentes.

​@@fernandoortegacardenasgracias por la retroalimentacion Doctor, pero recordemos que la CGE puede ejercer durante 7 largos años sus facultades; es decir, podría desarrollar su Examen Especial varios años después del sumario administrativo donde el servidor fue destituido por la Entidad y "volver" a destituirlo vía Resolución Administrativa, teniendo presente que la CGE destituye a los servidores sin verificar que sigan ocupando el cargo en el que fueron observados y ni siquiera verifica que siga siendo servidor público; sin embargo, esa segunda destitucion si genera el efecto de inhabilitad para desempeñar cargo público, más allá de que fuese materialmente imposible de ejecutar porque la persona ya no ocupa el cargo del que ha sido destituido por la CGE. Por lo que en ese caso sí estaríamos ante una "doble" destitucion, al menos en el efecto de inhabilidad para desempeñar cargo público, que sí estaría contraviniendo el principio non bis in idem.

@@adrianandradelara2880 Totalmente de acuerdo, sin embargo son dos destituciones totalmente distintas, con naturaleza y efectos diferentes como bien lo anota. Por ello, insisto no hay problema alguno con las dos destituciones. Por tanto, no se ve afectado el non bis in ídem por ser procedimientos y resultados diferentes

En lo contencioso administrativo, en Ecuador, no cabe apelación de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

@@fernandoortegacardenas muchas gracias por su respuesta, me ayudaria con otras interrogantes, cuantos jueces intervien en una audiencia del contencioso administrativos, y porque motivos se podrian suspender las audiencias, desde ya muy agradecido a sus respuestas

@@jesusquimis6128 La audiencia está a cargo de tres jueces, uno de los cuales dirige la audiencia (ponente). La audiencia solo se puede suspender por fuerza mayor o situaciones especiales como indica el artículo 82 del COGEP.

@@fernandoortegacardenas muchas gracias por su respuesta y ayudarme a entender estas interrogantes👏👏

En cuanto a las competencias exclusivas, no hay inconveniente; pero respecto a las competencias concurrentes hay que aplicar el artículo 27 del COA. En cuanto a cuando se producen conflictos de competencias hay que aplicar el artículo 85 del COA.

No hay ninguna contradicción. El procedimiento administrativo no sanciona delitos sino infracciones administrativas . De ahí que un funcionario puede ser sancionado por infracción administrativa y a la vez un delito penal. El punto es qué se sanciona en cada caso. La jurisprudencia analizada es muy clara en este sentido. Le sugiero revisar la sentencia completa.

Gracias

En el Registro Oficial N.- 100 EE de 14 de diciembre de 2010; Resolución de casación N.- 220-09 de 30 de junio de 2009; Carmelina Herrera Intriago contra IESS. Si lo revisa me gustaría escuchar sus comentarios. 15:11 Saludos 👋

El TDCA toma en cuenta el tipo de acto que se impugna. Si es un acto administrativo de efectos individuales se califica como acción subjetiva. En cambio si lo que se impugna es un acto normativo (reglamento o resoluciones) de efectos generales se califica como acción objetiva o de nulidad. No importa que el demandante califique de una u otra forma, es potestativo del TDCA esta calificación de demanda

Muchas gracias su comentario. Justamente, la idea es que todos (autoridades administrativas, judiciales e incluso los abogados litigantes) hagamos respetar este principio no solo en la imposición de sanciones administrativas sino en la emisión de todo tipo de resoluciones administrativas y judiciales.

Gracias, saludos!

Muchas gracias

Saludos mi estimado amigo

Bueno, respecto a la inquietud. Primero, hay que recordar que el artículo 102 de la LOSNCP, se aplica únicamente cuando el proceso está en marcha, no cuando ya existe acto administrativo de adjudicación. Por tanto, cuando se aplica esta no se puede pensar en declarar desierto el proceso; pues ya existe adjudicatario. Una vez que hay un acto administrativo de adjudicación, este puede ser sujeto de acciones administrativas y judiciales previstas en la ley. Por tanto, parecería que podría aplicarse el artículo 103 de la LOSNCP. La lesividad no veo como pueda aplicar el oferente afectado. La lesividad solo la puede iniciar la entidad pública contratante por un tema de interés público más no por intereses de particulares. Es lo qu puedo indicarle. Saludos

Muchas gracias por su respuesta doctor, me quedó claro. @@fernandoortegacardenas

No es así. Los dos meses del artículo 231 del COA, es para que la institución pública emita su resolución. Una vez emitida la resolución de sanción empieza a correr el lapso para que la sanción prescriba, según el artículo 245 del COA. Justamente esa es la diferencia entre caducidad y prescripción. Las infracciones y las sanciones prescriben pero el procedimiento y la facultad sancionadora caducan.

Tal vez le puede servir esta resolución: RESOLUCIÓN N. 844-2017 Juicio No. 17741-2014-0381

Muchas gracias de antemano. Puedes pasar por el sexto piso del complejo judicial norte. Será un placer leer ese texto

Ruego, que pase por el Tribunal a partir de enero de 2024, porque estoy con permiso. Le espero, Gracias.

Gracias. Saludos

Buen día

Excelente comentario! Muy de acuerdo con su criterio. El problema es que en la actualidad con la aplicación malsana del neoconstitucionalismo y pseudo garantismo se quiere destrozar las reglas de la hermenéutica jurídica. En algún momento hablaré en términos de argumentación jurídica y podremos plantear el principio que en derecho no se pueden utilizar argumentos emotivos, subjetivos y peor de apreciación personal (moral) para resolver un caso so pretexto de buscar la justicia.

Gracias!

Hay una gran diferencia entre caducidad de la facultad sancionadora o contralora (CGE) y la caducidad de la acción contenciosa administrativa. La primera se alega en la demanda por el actor y eso se resuelve sea en audiencia preliminar o en sentencia. Pero en este video hablamos la caducidad de la acción que nada tiene que ver con la caducidad del procedimiento o de la facultad

La prueba no puede ser impedida acceso. Incluso puede haber acción constitucional de habeas data. En todo caso el proceso contencioso se sustenta en la presunción de legitimidad del acto administrativo en correspondencia con el expediente administrativo; expediente que debe proveer la CGE

Gracias

Por supuesto. Si bien la acción de personal es un acto de ejecución del acto administrativo debe contener la motivación, que en ocasiones es un aliunde debe adjuntar los actos de simple administración

@@fernandoortegacardenas Es decir Dr. se le debe notificar junto a la acción de personal con los actos previos q sirvieron de su sustento...? Caso contrario se vulnera el derecho a la motivación...dado q en la acción al ser un formulario no se da a conocer las razones de la autoridad administrativa...? Gracias Dr.

@@lalokuraorquesta1008 si cuando hay actos de simple administración que lo sustentan

Excelente pregunta, pero el tema no es que se invierte la carga de la prueba. Es el juez el que determina quién debe probar bajo el presupuesto de quién tiene mejor acceso a la prueba. Es una facultad otorgada al juez por la ley.

@@fernandoortegacardenas Entonces bajo la teoría de la prueba dinámica va suceder que los hechos que se aleguen se presuman como ciertos, si las entidades que tienen el acceso a la prueba no demuestran lo co?ntrario? Así como sucede en materia de garantías jurisdiccionales cuando la entidad accionada es un ente público? Y así lo establece el art.86 numeral 3 de la CRE... Se convierte en un interesante tema...

@@lalokuraorquesta1008 Ese podría ser un efecto entre otros pero bajo la perspectiva del juez

Lamento el inconveniente. Ya lo hemos superado. Gracias

Con el análisis de la jurisprudencia se puede aprender mucho

Buen día

Será todo un placer.

@@fernandoortegacardenas muchas gracias estimado Dr.

Tomemos en cuenta que los intereses es una especie de resarcimiento por lucro cesante. Por tanto, si la nulidad ha provocado daños y perjuicios, debidamente probados, incluiría intereses

Bueno, creo qué hay que aplicar la disposición general que indica que toda norma que conste en normas de igual o inferior categoría al COA están derogadas. Desde mi punto de vista esas normas de la Ley Orgánica de Salud están derogadas

Muchas gracias