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La Ley 8/2021 de 2 de junio adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en varios aspectos.
La modificación principal se produce en el concepto de ‘capacidad jurídica’, ya que se pretende establecer un sistema de salvaguardas y apoyos que posibiliten el ejercicio de dicha capacidad jurídica y el ejercicio de los derechos respetando la voluntad y las preferencias de la persona.
Cristina Aguarón, de la Asesoría Jurídica de Fundación DFA, analiza en una serie de vídeos los aspectos más relevantes de esta nueva ley.