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Un informe de la oenegé Colectivo Nicaragua Nunca Más señala que esta práctica ha ganado fuerza en el contexto de la represión política desencadenada tras las protestas antigubernamentales de abril de 2018, que fueron brutalmente reprimidas por el Estado nicaragüense bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A partir de 2023, el uso de la desaparición forzada se ha intensificado como un método inicial tras la detención de opositores, con las víctimas apareciendo días, semanas o incluso meses después, a menudo en condiciones de salud deterioradas o enfrentando cargos fabricados.