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El 17 de septiembre del 2020, se tenía previsto como el plazo para que los funcionarios salientes y entrantes al tren gubernamental, depositen la declaración jurada de bienes a la Cámara de Cuentas, y según se ha publicado en algunos medios el Presidente Abinader había advertido la destitución de aquellos que no cumplieran con la fecha, pero este 15 de septiembre se anunció que la fecha se extendió al próximo 28 de septiembre, dando oportunidades desde el principio a los incumplidores de la ley.
El 15 de septiembre sólo 1,490 funcionarios habían entregado su declaración: 890 del pasado gobierno y 600 del actual, según declararon las autoridades de la Cámara de Cuentas. Pero hay que saber que en el país hay un promedio de 22 ministerios y un total de 6,216 servidores que están obligados a declarar su patrimonio, por lo que es más que evidente que falta mucha gente por cumplir.
“Muchas cosas que pasan sistemáticamente como esta que a ti te preocupa, es que no se lleva la ley, se tiene como una declaración para guardar y no como un documento para hacer la verificación de la conducta administrativa, de la conducta ética de los funcionarios públicos”, considera Milagros Ortiz Bosch, Directora Ética Gubernamental, al respecto.
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