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Generalmente la nulidad y restablecimiento del derecho va encaminada a atacar la legalidad de un acto administrativo particular y concreto, cuando quiera que el contenido de la decisión afecte o perjudique al administrado. Para poder controvertir dicho acto particular ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, regularmente se deben haber agotado, previamente, los recursos que en sede administrativa puedan proceder contra la decisión administrativa, para que posteriormente sea procedente el estudio respectivo por el Juez Administrativo.
Al acudir ante dicho Juez se busca que se resuelva, por medio de sentencia, sobre la legalidad del acto administrativo para que declare la nulidad del mismo, previa argumentación en el escrito de demandada sobre las razones en que se fundamenta la pretendida nulidad, y consecuentemente se ordene el restablecimiento de los derechos conculcados, todo lo cual debe hacerse dentro del términos de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del último acto administrativo emanado de la administración pública.
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