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Esta campaña cuenta con la participación de alcaldías, gobernaciones, Policía, Defensoría, Procuraduría, Servicio Nacional de Empleo, además del apoyo de los Ministerios de Salud, Educación y de Trabajo, para que una vez identificados estos casos, las diferentes corporaciones y entidades puedan presentar su oferta institucional con miras a restablecer los derechos de los niños.